El camino hacia la gentrificación podría estar colmado de buenas intenciones. Y la idea que tuvo la ciudad de Salinas de crear un programa que exigiera a los propietarios registrar sus propiedades de alquiler y someterse a inspecciones anuales a fin de proteger a los inquilinos me parece que es producto de las buenas intenciones. 

La idea surgió por primera vez en enero, con la instauración de lo que se denominó el “Plan de Salinas,” un informe creado por un consultor que establecía un plan para la sostenibilidad fiscal y la asequibilidad de la vivienda. En el informe se señalan realidades sorprendentes: Alrededor del 48 por ciento de los hogares se consideran hogares con una “sobrecarga de costos.” Esto significa que dedican el 30 por ciento o más de sus ingresos a la vivienda, en comparación con el 33 por ciento de los hogares con sobrecarga de costos a nivel nacional. Además, se ha producido un aumento de 155 por ciento en las personas sin hogar en Salinas desde 2013.

Y aunque el 60 por ciento de la reserva de viviendas en Salinas es propiedad de alquiler, no existe una idea clara de cómo los dueños de esas propiedades cumplen con las leyes que reglamentan los alquileres. Lo que sí está claro es que hay propietarios bastante malos por ahí: algunos alquilan cobertizos de patio y garajes, ninguno de los cuales es un tipo de vivienda legal, y otros administran propiedades de calidad inferior donde el moho crece sin control, donde la única forma de tener electricidad en algunas habitaciones es conectando varias extensiones y donde, al menos en ciertos casos documentados, varias decenas de inquilinos se apiñan todos en un espacio pensado para cuatro o cinco personas. 

Las cifras nos llevan a otro dato: las personas que viven en condiciones inferiores con caseros poco rigurosos raras veces se quejan. Y es que sienten demasiado miedo de que los echen de un lugar. Cuando se les desaloja, hay pocos lugares adonde estos inquilinos pueden acudir. 

Una de las estrategias estipuladas por el Plan de Salinas fue crear el registro de alquiler y un programa de inspección. Conforme al programa, los propietarios registrarían sus propiedades de alquiler y pagarían la inspección de dichas propiedades; desde el punto de vista del municipio, esto podría ayudar a reducir el número de viviendas de calidad inferior y a responsabilizar a los propietarios.

El municipio ha comenzado a llevar a cabo actividades de alcance comunitario respecto del plan. El 26 de agosto, se llevó a cabo una reunión en la academia Martin Luther King en Sanborn Road, facilitada por la directora de Desarrollo Comunitario de Salinas, Megan Hunter, y dos autores del Plan de Salinas: la exsubsecretaria de Desarrollo Urbano, Mercedes Márquez, y el experto en finanzas municipales, Russ Branson. Asistieron alrededor de 50 personas, incluidos inquilinos y propietarios. Las presentaciones se realizaron en español, y se proporcionó interpretación para las personas que no hablan el idioma. La idea era recopilar información para la creación de un informe técnico que se le presentaría al Concejo Municipal.

La reunión no tardó mucho en salirse completamente de control. A los propietarios les enoja que tuvieran que pagar las inspecciones a un costo aproximado de $7 a $10 al mes por unidad, y a los inquilinos les enoja que el programa no ofrezca protección alguna contra los aumentos en el alquiler que se les transferirían a ellos si las inspecciones conducen a desembolsos de efectivo por parte de los propietarios para sufragar las deficiencias.

Un administrador de inmobiliario expresó que estaba garantizado que los costos se transferirían al inquilino.

“Cuando los impuestos de un casero aumentan, recibo esta llamada: ‘Me subieron los impuestos; sube los alquileres,’” comentó. “Eso es solo un hecho.” 

Los asistentes frustrados callaron a Hunter y a Márquez a gritos y exigieron datos que aún no existen. Acusaron a Márquez, quien también se desempeñó como vicealcaldesa de vivienda y gerente general del Departamento de Vivienda de Los Ángeles, de gentrificar a Boyle Heights y se preguntaron en voz alta cuáles eran sus planes de gentrificar a East Salinas. 

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“Estamos tratando de encontrar el equilibrio,” dijo Hunter. “No queremos que haya personas viviendo en condiciones inseguras.” 

Tal vez hay una pregunta que merezca mucho más análisis: ¿Cómo se aumenta la calidad de vida sin desplazar a las personas? 

“Esta no es la única solución. También necesitamos contar con oferta,” dijo Alfred Díaz Infante, director ejecutivo de CHISPA, una agencia de desarrollo de vivienda asequible que cuenta con unas 600 unidades de alquiler en Salinas. "Estamos tratando de proteger a nuestras familias y de asegurarnos de que vivan en condiciones seguras, pero también necesitamos protegerlas de los aumentos en el alquiler injustificados y los desahucios." 

Hunter dice que el próximo paso que toca es hablar sobre la reunión con el subcomité de vivienda del Concejo, el cual a continuación podría presentar el asunto ante el Concejo Municipal para análisis posterior. 


MARY DUAN
 escribe Local Spin for Monterey County Weekly. Comuníquese con ella a la dirección mary@mcweekly.com o sígala en twitter.com/maryrduan.

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